Claudia Sheinbaum decreta mayor transparencia en el acceso a la información pública

La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó este miércoles 5 de agosto de 2026 un decreto destinado a erradicar la discrecionalidad en el acceso a la información gubernamental. El acto, realizado en Palacio Nacional, establece nuevos lineamientos para que las dependencias federales estandaricen la entrega de datos, buscando con ello reducir las barreras burocráticas que históricamente han dificultado el escrutinio ciudadano sobre el ejercicio del presupuesto público.

El documento firmado por la titular del Ejecutivo busca fortalecer la transparencia como un eje transversal de la administración pública federal. De acuerdo con integrantes de su equipo, la medida pretende que la información de interés público sea accesible de manera proactiva y sencilla, minimizando los criterios subjetivos que permitían a diversos funcionarios reservar expedientes bajo argumentos de seguridad o confidencialidad técnica.

Este esfuerzo se alinea con la estrategia de austeridad y control administrativo que el gobierno federal ha promovido desde el inicio del sexenio. La intención es que las secretarías de Estado, junto con los organismos descentralizados, integren sus plataformas digitales bajo un mismo protocolo de apertura, facilitando que el Instituto Nacional Electoral y otros entes fiscalizadores puedan auditar los procesos con mayor celeridad.

El decreto también contempla una revisión profunda sobre cómo se clasifican los documentos en las áreas de seguridad nacional y proyectos de infraestructura estratégica. Si bien se reconoce la necesidad de proteger datos sensibles, el equipo de la presidencia enfatizó que el objetivo es evitar que la reserva de información se convierta en una práctica habitual frente a solicitudes legítimas de la sociedad civil y medios de comunicación.

La implementación de esta normativa requerirá una coordinación estrecha con la Secretaría de Gobernación y los órganos encargados de la vigilancia del servicio público. En los próximos meses, las autoridades deberán ajustar sus sistemas de gestión documental para cumplir con los estándares de esta nueva política de apertura, marcando un cambio en la cultura administrativa de la administración centralizada.