Director de la DEA señala supuesta infiltración de cárteles en gobierno mexicano
El titular de la DEA, Terrance Cole, denunció vínculos entre funcionarios de alto nivel y organizaciones criminales, manteniendo comunicación con el secretario Omar García Harfuch.
El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, afirmó recientemente que existen funcionarios de alto nivel en la estructura gubernamental mexicana que mantienen vínculos operativos con organizaciones delictivas. Esta declaración ha generado una respuesta inmediata en el ámbito de la seguridad bilateral, marcando un punto de tensión en la cooperación contra el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
Durante sus declaraciones, Cole sostuvo que la agencia mantiene una línea de comunicación diaria con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Según el funcionario estadounidense, este canal de diálogo es utilizado para el intercambio constante de inteligencia y datos operativos, con el objetivo de identificar a los actores que, desde el interior del servicio público, podrían estar facilitando las actividades de grupos criminales.
La postura de la DEA se suma a una serie de críticas emitidas en meses recientes por agencias de seguridad estadounidenses, las cuales han cuestionado la eficacia de las estrategias de contención contra los cárteles. Estos señalamientos ponen bajo la lupa la integridad de las instituciones de seguridad y el alcance de la infiltración del crimen organizado en los diversos niveles de la administración pública en México.
Por su parte, las autoridades mexicanas han enfatizado la importancia de mantener la soberanía en las tareas de inteligencia y combate al narcotráfico. A pesar de los señalamientos públicos, el gobierno federal sostiene que la colaboración con las agencias internacionales debe ceñirse a los protocolos establecidos, buscando en todo momento el fortalecimiento de las capacidades internas de seguridad y el desmantelamiento de las redes criminales que operan en el territorio nacional.
El debate sobre la complicidad institucional ha cobrado fuerza en el Congreso de la Unión, donde legisladores de distintas bancadas han solicitado informes detallados sobre el estado de la cooperación con la DEA. Mientras tanto, las fiscalías y dependencias de seguridad continúan enfrentando el reto de depurar sus filas y demostrar resultados concretos ante la creciente presión de Washington por frenar el tráfico de sustancias ilícitas hacia la frontera norte.
