Mercado ilícito de tabaco impacta al erario con 35,000 millones de pesos

El mercado ilegal de tabaco en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para la recaudación federal, cifra que se mantiene como un desafío para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a pesar de los ajustes recientes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este fenómeno, que afecta la estabilidad de los ingresos públicos, ha sido analizado por especialistas del Colegio de México, quienes advierten sobre la consolidación de redes criminales que han diversificado sus operaciones para evadir los controles fiscales vigentes.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen organizado ha implementado una estrategia mixta que combina el contrabando de mercancía proveniente del extranjero con la fabricación clandestina en instalaciones locales. Este esquema genera una competencia asimétrica en el mercado nacional, donde los productos ilícitos se comercializan a precios significativamente inferiores a los legales, al no cumplir con las normativas sanitarias ni con el pago de las contribuciones correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria.

La complejidad del problema radica en la alta capacidad de distribución que han logrado estas redes, las cuales aprovechan canales de venta informales en diversos estados de la República. Esta situación ha obligado a las autoridades competentes a fortalecer la vigilancia en las aduanas y a coordinar esfuerzos con las dependencias de seguridad para desarticular las cadenas de suministro que alimentan este comercio irregular que afecta directamente a los consumidores y a la recaudación nacional.

Especialistas señalan que, si bien la política fiscal busca desincentivar el consumo mediante impuestos, la brecha de precios creada por el mercado ilegal neutraliza los efectos esperados de las reformas. La proliferación de marcas sin registro sanitario no solo representa un perjuicio económico para el Estado, sino que también plantea riesgos significativos para la salud pública al carecer de cualquier tipo de control de calidad sobre los componentes de los productos comercializados.

Ante este escenario, se requiere de una estrategia integral que involucre no solo a las autoridades hacendarias, sino también a las instancias de seguridad pública para mitigar la expansión de esta problemática. La coordinación interinstitucional es fundamental para proteger el erario y asegurar que los productos que circulan en el mercado cumplan estrictamente con las leyes mexicanas vigentes, salvaguardando así el orden económico y la salud de la población.