México solicita cooperación internacional ante el Comité contra la Desaparición Forzada

En el marco de la presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Arturo Medina Padilla, en representación del Gobierno de México, reiteró la disposición del Estado para colaborar estrechamente con los mecanismos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro, realizado esta semana en Nueva York, puso sobre la mesa la necesidad de articular esfuerzos conjuntos para enfrentar uno de los retos más complejos en materia de derechos humanos que enfrenta el país actualmente.

Durante la sesión, el funcionario subrayó que la estrategia nacional busca fortalecer las capacidades técnicas y humanas de las instituciones encargadas de la localización. El Gobierno de México enfatizó que la cooperación con instancias globales es un pilar fundamental para mejorar los protocolos de búsqueda y garantizar que las acciones de las autoridades sean efectivas ante la demanda de justicia de las familias buscadoras.

Por su parte, diversos colectivos de familias que integran grupos de búsqueda han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que se brinde apoyo técnico y financiero constante. Los integrantes de estas organizaciones señalaron que, además de la búsqueda en terreno, es imperativo establecer mecanismos de protección para quienes realizan labores de localización en diversas entidades federativas, ante los riesgos que enfrentan de manera cotidiana en sus comunidades.

El Comité de la ONU destacó que la situación en el país requiere una respuesta integral que involucre no solo a la Fiscalía General de la República, sino también a las secretarías estatales y a las comisiones de búsqueda locales. El organismo internacional propuso que la colaboración técnica se enfoque en el fortalecimiento de los servicios forenses y en la estandarización de las bases de datos para facilitar la identificación de personas, una de las principales exigencias de los grupos civiles.

Finalmente, el Gobierno de México reafirmó que el diálogo con la ONU continuará como parte de una política de apertura y transparencia. Se prevé que en los próximos meses se definan nuevos esquemas de colaboración técnica que permitan mejorar la coordinación interinstitucional y la atención directa a las víctimas, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar y fomentar en el corto plazo.