Mónica Soto queda inhabilitada para cargos públicos por dos años
Tras su renuncia al TEPJF, la exmagistrada enfrenta una restricción legal que le impide integrarse al gabinete o al Congreso federal.
La exmagistrada Mónica Soto no podrá ocupar cargos públicos ni candidaturas durante los próximos dos años, conforme a lo estipulado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Esta resolución se deriva de su reciente renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución donde participó en la calificación de procesos electorales federales de alto impacto en el país.
El artículo 18 de la citada ley establece una restricción temporal específica para aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su encargo, hayan tenido intervención directa en la validación de comicios. La normativa busca prevenir conflictos de interés y garantizar la independencia de los organismos jurisdiccionales frente a posibles aspiraciones políticas inmediatas de quienes fueron responsables de dictaminar la legalidad de los procesos en las urnas.
Esta medida significa que Soto queda impedida para integrarse al gabinete federal, ocupar puestos en las Secretarías de Estado o formar parte de las cámaras del Congreso de la Unión. La restricción tiene como objetivo principal blindar el sistema electoral mexicano, asegurando que el ejercicio de la magistratura no sea utilizado como trampolín para posiciones de poder ejecutivo o legislativo de manera inmediata.
Especialistas en derecho electoral han señalado que esta disposición es una pieza fundamental en el diseño institucional del país para evitar la politización de las sentencias. El periodo de dos años funciona como un periodo de enfriamiento necesario, permitiendo que la separación entre la labor de impartición de justicia y la actuación política sea clara y verificable ante la ciudadanía.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre si la exmagistrada buscará impugnar la aplicación de esta norma ante los tribunales correspondientes. Por ahora, el marco legal vigente se mantiene firme, restringiendo cualquier posibilidad de participación en la administración pública o en la actividad parlamentaria durante el plazo señalado por la ley.
