Proponen en CDMX custodia compartida y pensión alimenticia para mascotas

Una diputada de Movimiento Ciudadano presentó formalmente ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley que busca establecer la custodia compartida y la obligación de manutención para los animales de compañía en casos de divorcio o separación de pareja. La propuesta pretende reconocer legalmente a los animales como seres sintientes con necesidades específicas, evitando que su bienestar se vea afectado por conflictos personales entre sus propietarios.

La iniciativa sugiere que los jueces familiares, al determinar la disolución de un vínculo conyugal o de concubinato, consideren el interés superior del animal al definir quién tendrá la custodia o si esta deberá ser compartida. En caso de otorgarse la custodia a una de las partes, la propuesta plantea que la otra persona pueda quedar obligada a proporcionar una pensión alimenticia destinada exclusivamente a cubrir gastos de alimentación, servicios veterinarios y cuidados básicos del ejemplar.

El equipo legislativo que respalda la propuesta enfatizó que el objetivo principal es garantizar que las mascotas no sean utilizadas como instrumentos de presión o chantaje durante los procesos de separación. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la intención es que el Poder Judicial cuente con herramientas claras para evaluar las condiciones de vida de los animales y asegurar que el entorno posterior a la separación sea adecuado para su desarrollo físico y emocional.

El documento presentado subraya la importancia de adaptar la legislación civil a los cambios sociales actuales, donde los animales de compañía ocupan un lugar central en la estructura familiar mexicana. La propuesta subraya que, aunque los animales no son sujetos de derecho idénticos a los humanos, sí requieren una protección especial que impida su abandono o descuido tras la ruptura de la convivencia entre sus dueños.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso local para su análisis, discusión y eventual dictaminación. En los próximos meses, los legisladores deberán debatir los alcances de esta reforma y analizar cómo se integraría en el Código Civil de la Ciudad de México para asegurar su viabilidad jurídica y administrativa.