Rector de la UNAM reconoce error administrativo con impacto presupuestal
Leonardo Lomelí Vanegas admitió fallas en la gestión de recursos de la UNAM, asumiendo la responsabilidad institucional ante la comunidad universitaria.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció recientemente una serie de errores administrativos cometidos por su equipo de trabajo, los cuales derivaron en un impacto financiero considerable para la institución. Este señalamiento, hecho público durante un encuentro con integrantes de la comunidad académica, marca un precedente al tratarse de una figura de primer orden que asume la responsabilidad directa por una gestión que resultó en una pérdida presupuestal significativa para la máxima casa de estudios.
Aunque el monto señalado asciende a 14 millones de pesos, la administración universitaria ha enfatizado que el reconocimiento del fallo busca transparentar el ejercicio de los recursos públicos. El equipo cercano al rector ha señalado que se están realizando las investigaciones internas necesarias para deslindar responsabilidades y ajustar los controles financieros dentro de las distintas dependencias universitarias, evitando que situaciones similares vuelvan a comprometer el patrimonio de la institución.
La postura del rector ha sido recibida con cautela por diversos sectores universitarios, quienes exigen mecanismos de vigilancia más estrictos y una rendición de cuentas permanente. Desde la rectoría se ha propuesto la creación de una comisión especial encargada de supervisar los procesos de licitación y gastos operativos, buscando fortalecer la integridad administrativa y recuperar la confianza de la comunidad ante el uso eficiente del presupuesto asignado.
Este episodio abre una discusión necesaria sobre la gobernanza y la fiscalización al interior de la UNAM, en un contexto donde la transparencia es una demanda constante de estudiantes y docentes. La administración central ha asegurado que colaborará con las instancias fiscalizadoras correspondientes para aclarar el destino de los fondos y garantizar que los procedimientos futuros cumplan con la normativa universitaria vigente.
