SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que los órganos jurisdiccionales del país tienen la obligación ineludible de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. La resolución establece que este enfoque no es una opción discrecional para los jueces, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones.

La decisión de la Corte subraya que, ante la vulnerabilidad específica que enfrentan las mujeres que realizan labores de defensa, las autoridades deben considerar las condiciones de desigualdad estructural y los riesgos particulares derivados de su activismo. Esto implica que las fiscalías y juzgados deberán analizar los hechos no como incidentes aislados, sino bajo un marco que reconozca los factores de discriminación, violencia sistémica y los contextos de riesgo que rodean la labor de las víctimas.

La sentencia enfatiza la necesidad de aplicar la interseccionalidad al evaluar las pruebas y el desarrollo de los procesos judiciales. Según el máximo tribunal, esto permite visibilizar cómo convergen distintas formas de opresión en la vida de las mujeres defensoras, lo cual es determinante para configurar las líneas de investigación y evitar la revictimización durante las etapas procesales.

Esta medida busca fortalecer la protección institucional para quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en el territorio nacional. La determinación de la SCJN sienta un precedente relevante para la actuación de los jueces de distrito y magistrados en todo el país, quienes deberán ajustar sus criterios para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México.

Finalmente, el Poder Judicial de la Federación reafirmó que el Estado mexicano mantiene el compromiso de erradicar la impunidad en delitos que afectan a este sector de la población. Con este fallo, se espera que las autoridades ministeriales y judiciales refuercen sus protocolos de actuación, priorizando la verdad y la justicia con una visión integral que contemple la realidad social de las víctimas.