Sheinbaum cuestiona deportación de mexicanos hacia terceros países por Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó este jueves su firme oposición a la práctica reciente del gobierno de Estados Unidos de deportar a ciudadanos mexicanos hacia terceros países en Centroamérica. La mandataria calificó esta medida como una acción que vulnera los derechos fundamentales de los connacionales y contraviene los protocolos internacionales de retorno seguro, complicando la situación de más de dos mil novecientos mexicanos afectados en los últimos meses.

Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal detalló que el gobierno mexicano ha iniciado consultas diplomáticas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener una aclaración detallada sobre los criterios utilizados por las autoridades migratorias estadounidenses. La postura oficial sostiene que cualquier proceso de repatriación debe garantizar la seguridad de las personas y realizarse directamente hacia territorio nacional, evitando dejar a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad en naciones donde no cuentan con redes de apoyo ni estatus legal.

La administración federal subrayó que esta política representa un desafío adicional para la gestión migratoria en la región, pues traslada la responsabilidad de atención y retorno a países que ya enfrentan sus propias crisis humanitarias. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha recibido instrucciones precisas para fortalecer la asistencia consular en las fronteras de Centroamérica y asegurar que los mexicanos deportados bajo este esquema reciban protección inmediata y apoyo para su traslado seguro a México.

La presidenta Sheinbaum adelantó que México buscará entablar una mesa de diálogo de alto nivel con sus contrapartes estadounidenses para revisar los acuerdos de cooperación migratoria vigentes. El objetivo planteado por el gabinete de seguridad y la cancillería es establecer mecanismos que impidan que los ciudadanos mexicanos sean abandonados en terceros países, reforzando la exigencia de que el respeto a la dignidad humana sea el eje rector de cualquier política migratoria compartida entre ambas naciones.