Sheinbaum solicita informe a Lemus tras detenciones en protesta por agua

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre los recientes hechos ocurridos en Jalisco, donde una manifestación ciudadana por la calidad del agua terminó en un operativo de seguridad y detenciones. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que su administración mantiene una postura clara de rechazo ante cualquier acto de represión hacia la población civil que demanda servicios públicos básicos.

Ante los señalamientos sobre el uso de la fuerza pública durante las protestas, la presidenta Sheinbaum informó que ha solicitado formalmente al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, un informe detallado sobre la situación jurídica de las personas que fueron privadas de su libertad. La titular del Ejecutivo federal enfatizó que el diálogo debe ser la vía principal para resolver los conflictos sociales en todas las entidades del país, evitando que las movilizaciones ciudadanas escalen a confrontaciones violentas.

Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia indicó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se mantendrá atenta al seguimiento de este caso para garantizar el respeto a los derechos humanos de los involucrados. La administración federal busca asegurar que las autoridades estatales actúen bajo los protocolos vigentes y con pleno apego a la legalidad, evitando cualquier abuso de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad locales.

Los vecinos de la zona han denunciado en las últimas semanas las dificultades para acceder a agua potable, situación que detonó las manifestaciones que derivaron en la intervención de la policía estatal. La exigencia de los ciudadanos se centra en la mejora de la infraestructura hidráulica y en la transparencia sobre la distribución del recurso en el área metropolitana, un tema que se ha vuelto una constante en la agenda pública de la región.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum reiteró que, aunque el gobierno federal respeta el ámbito de competencia de las autoridades estatales, existe una responsabilidad compartida de velar por la paz social y la integridad de los ciudadanos. Se espera que en los próximos días las autoridades locales entreguen la información solicitada para esclarecer los hechos y definir las acciones conducentes respecto a los ciudadanos que permanecen bajo proceso tras las protestas.