Vecinos en Querétaro denuncian afectaciones por operación de centros de datos

Habitantes de los municipios de Colón y El Marqués, en el estado de Querétaro, han manifestado su preocupación ante el crecimiento acelerado de centros de datos en la zona. Durante los últimos meses, los residentes han reportado interrupciones recurrentes en el suministro de energía eléctrica y una presión de agua potable insuficiente, problemáticas que atribuyen directamente a la alta demanda de recursos que exigen estas instalaciones tecnológicas.

El despliegue de esta infraestructura, diseñada para el procesamiento masivo de datos, requiere volúmenes considerables de electricidad y agua para sus sistemas de enfriamiento. Según reportes locales, la capacidad de la red eléctrica en la región se ha visto comprometida, lo que ha generado tensiones entre las empresas operadoras y los habitantes, quienes exigen una revisión sobre el impacto ambiental y social de estos proyectos en sus comunidades.

Organizaciones vecinales han señalado que, si bien la instalación de centros de datos es presentada como un motor de desarrollo económico para Querétaro, los beneficios directos para la población local resultan limitados. Los residentes argumentan que el costo ambiental y la presión sobre los servicios públicos básicos superan las ventajas económicas prometidas, creando una brecha entre la modernización digital y la calidad de vida de quienes habitan las zonas aledañas.

Ante este panorama, diversas voces han solicitado a las autoridades municipales y estatales una mayor transparencia en los permisos otorgados a las empresas tecnológicas. La exigencia se centra en la implementación de regulaciones más estrictas que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos, evitando que la expansión industrial ocurra a costa del bienestar de la población que reside en los municipios de Colón y El Marqués.

Por su parte, el sector tecnológico sostiene que estos centros son fundamentales para la competitividad del país en la era digital. No obstante, el debate sobre el uso eficiente de los recursos naturales y la infraestructura energética continúa vigente, poniendo sobre la mesa la necesidad de un equilibrio entre el progreso tecnológico y la protección de los derechos básicos de los habitantes de la entidad.